“Es un golpe similar al 23-F”
Juristas, familiares de víctimas y defensores de los derechos humanos califican de ataque a la democracia la suspensión de Garzón
Muy tristes, rabiosos, indignados. La suspensión del juez Baltasar Garzón ha causado estupor, pero no sorpresa entre juristas, familiares de víctimas del franquismo y defensores de los derechos humanos. Estas son algunas de las reacciones a lo que consideran un golpe a la democracia:
José Antonio Martín Pallín, juez del Tribunal Supremo: “Un espectáculo internacional bochornoso”. “Estoy muy triste y muy preocupado por el crédito democrático de España en el mundo. La suspensión de Garzón es la crónica de una ignominia anunciada. El juicio oral a Garzón va a ser un espectáculo internacional bochornoso. Lo más clamoroso de este proceso ha sido el absoluto desprecio a los dictámenes del Ministerio Fiscal y el cerrarse de una forma tan irracional al derecho internacional que rige en España”.
Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción: “Un golpe similar al 23-F”. “Es un día de amargura. Hoy estoy muy triste por Baltasar y por nuestra democracia, que está sufriendo los mayores golpes desde que se instauró. Este es un golpe similar al del 23-F. 35 años después de la muerte del dictador, la extrema derecha ha conquistado una victoria que ha sido posible por un Tribunal Supremo sensible a esa persecución y un Consejo General del Poder Judicial cómplice”.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica: “Ha vuelto la inquisición”. “No doy crédito al cinismo del Consejo General del Poder Judicial y de Carlos Dívar que por la mañana dijo que no quería tomar la decisión injusta que luego se tomó. No me lo creo todavía. La inquisición ha vuelto y estamos rabiosos, indignados. Que se mueran los verdugos con privilegios y las víctimas abandonadas es algo aberrante”.
Reed Brody, consejero Jurídico de Human Rights Watch: “La justicia se ha convertido en la víctima de España”. “La suspensión del juez Garzón será lamentada por activistas de derechos humanos en todo el mundo. El juez Garzón ha luchado por hacer justicia para las víctimas de graves atrocidades cometidas en el extranjero y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país. Gracias a Garzón, España se convirtió en un símbolo de justicia para las víctimas de todo el mundo. Ahora la justicia misma se ha convertido en la víctima en España. Los verdaderos crímenes aquí son las desapariciones forzadas y los asesinatos, no el intento del Juez Garzón de investigarlos”.
NATALIA JUNQUERA (El País)
Juristas argentinos muestran su apoyo al juez Garzón tras su suspensión
“La decisión alienta los comportamientos dictatoriales que desean sepultar la verdad”
La imagen del juez Baltasar Garzón abandonando la sede de la Audiencia Nacional entre los abrazos y lágrimas de sus compañeros ha recorrido las pantallas de todas las televisiones argentinas y de todas las páginas web de sus periódicos. “Es paradójico que la misma persona que ha favorecido la expansión de los Derechos Humanos mediante la expansión del Derecho Internacional se vea separado de la función judicial. Se le ha reprochado aplicar dentro de España reglas reconocidas internacionalmente gracias, entre otros, a su trabajo”, se ha lamentado en declaraciones a EL PAÍS Ricardo Gil Lavedra, juez integrante del tribunal que juzgó en Argentina a los máximos responsables de la Junta Militar. Gil Lavedra, que fue ministro de Justicia y es actualmente diputado radical, ha expresado su tristeza por el destino de Garzón, un juez extraordinariamente conocido y apreciado por todos los movimientos de defensa de los derechos humanos de América Latina.
El presidente de la Auditoria General de la Nación y ex Relator especial de Naciones Unidas para la independencia de los jueces y magistrados, Leandro Despouy, ha considerado que la sanción al juez Baltasar Garzón “constituye una regresión de los principios del Derecho Internacional moderno”. “Con esa sanción, España pierde todo su prestigio y autoridad en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad”, ha advertido. Para Despouy es notoria la arbitrariedad del procedimiento seguido porque no se puede sancionar a un juez por sus fallos o resoluciones: para eso existen instancias superiores que se encargan de establecer el derecho aplicable.
La noticia del apartamiento judicial del juez Garzón ha sido recogida inmediatamente en todos los medios argentinos. Garzón es extraordinariamente popular en el cono sur de América, donde se recuerda y se aplaude su decisión de intentar procesar al general Pinochet y los instrumentos jurídicos que facilitó para la apertura de nuevos juicios contra los militares y torturadores argentinos. Por eso, 800 asociaciones cívicas, profesionales y de defensa de los Derechos Humanos presentaron hace una semana un manifiesto de apoyo, que respaldaron, entre otros, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Eduardo Duhalde, la ministra de Defensa, Nilda Garré, la asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, numerosos diputados y hasta cantantes o deportistas, como Susana Rinaldi o Cesar Luis Menotti, además de escritores como Felipe Pigna o Álvaro Abós.
Garzón simboliza en todo el mundo un mensaje importante: la idea de que no existen rincones para la impunidad. “Deben ser conscientes de que, al tomar la decisión de sancionarle, se alientan los comportamientos dictatoriales que desean sepultar la verdad y la justicia sobre los crímenes de lesa humanidad”, ha asegurado a EL PAÍS Leandro Despouy. “Es algo muy triste para todos nosotros”.
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ – Buenos Aires (El País)
Venganza y vergüenza
Dirán lo que quieran de la suspensión de Garzón como juez de la Audiencia Nacional, que acaba de conocerse. Pero apesta a venganza y produce vergüenza; el Consejo General del Poder Judicial, dividido ante el asunto, ha tomado la peor de las decisiones posibles, la que pone en tela de juicio la propia justicia y añade desconfianza a aquellos que creyeron que en esta instancia no iba a ponerse en evidencia la arbitrariedad. Garzón es un juez importante, que ha tenido en sus manos delitos gravísimos; ha querido investigar, según la ley de Memoria Histórica, sobre las atrocidades de la dictadura, y el diente lento de una justicia ahora bajo sospecha lo ha mordido insistentemente, hasta esta decisión vergonzosa de este mediodía. Hoy es un día extraordinariamente gris para la naturaleza de la democracia y para la vitalidad de las instituciones judiciales, que se echan encima un tremendo baldón. Un día malo.
Juan Cruz (El País)

Antonio Barrera de Irimo. Ribadeo (Lugo), 4 de enero de 1929. Inspector Técnico del Timbre ( hoy Fiscal), pasa de presidente de Telefónica a ministro de Hacienda Tras el asesinato de Carrero hace saber que no desea continuar en el Gobierno, Arias le convence a cambio de dejarle nombrar dos ministros, los de Comercio e Industria, en las personas de Fernández- Cuesta y de Santos Blanco y le asciende a vicepresidente. Incómodo en el Gobierno, el 30 de octubre de 1974 dimite en solidaridad con Pío Cabanillas, que había sido cesado por su talante aperturista. Posteriormente se dedicó a la empresa privada.
Rafael Cabello de Alba. Montilla (Córdoba) , 24 de octubre de 1925. Abogado del Estado. Sustituyó a Barrera de Irimo, tras su dimisión, como Vicepresidente segundo y ministro de Hacienda y estuvo en el cargo hasta el 12 de diciembre de 1975. Posteriormente se dedicó a la empresa privada.
Antonio Carro Martínez. Lugo, 3 de mayo de 1923. Letrado del Consejo de Estado. Ministro subsecretario de la Presidencia en el primer Gobierno de Arias, fue de los primeros en ser llamados por el nuevo presidente con quien estuvo todo el mandato. Cesó el 12 de diciembre de 1975. Posteriormente ingresa en Alianza Popular y es elegido diputado en las primeras elecciones democráticas (junio 1977). Sería vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados en la legislatura de 1982 a 1986.
Licinio de la Fuente. Noez (Toledo) 1923. Abogado del Estado. Ministro de Trabajo. Cuando Carrero Blanco es presidente en 1973 y hace una remodelación muy amplia del Gobierno, le mantiene en la cartera. Tras el asesinato del almirante, el presidente Arias no solo le confirma en el puesto, sino que le asciende con la misma cartera al rango de vicepresidente tercero del Gobierno. Dimite el 4 de marzo de 1975 problemas con el Gobierno en materia de política social. Era un muy destacado candidato de Franco para sustituir a Rodríguez de Valcárcel en la presidencia de las Cortes a finales de noviembre de ese año, días después de la muerte del Caudillo. Diputado por Alianza Popular en las primeras elecciones democráticas.
Manuel Fraga Iribarne. Villalba (Lugo) 23 de noviembre de 1922. Ministro de Información y Turismo. Letrado de las Cortes, diplomático y catedrático de Derecho Político de la Universidad Complutense. Intensa vida política que le lleva a la cartera ministerial de la que cesaría 30 de octubre de 1969 tras un enfrentamiento mediático con el vicepresidente del Gobierno Luis Carrero Blanco. Embajador en Londres entre 1973 y 1975, tras la muerte de Franco es nombrado vicepresidente Para Asuntos de Gobernación e Interior bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro. Dimite el tras el nombramiento de Suárez como presidente en julio de 1976- En la democracia funda Alianza Popular, que se convierte en 1982 el primer partido de oposición. Posteriormente sería presidente de la Comunidad gallega en varios mandatos y en la actualidad es senador.
José Utrera Molina. Málaga, 12 de abril de 1926. Licenciado en Derecho. Ministro de la Vivienda, cuando asesinan a Carrero, el nuevo presidente le confirma en el Gobierno aunque le cambia de departamento: la Secretaría General del Movimiento en la que cesaría en marzo de 1975. Para sustituirle Franco nombró a José Solís.
José Luis Villar Palasí. Valencia, 30 de octubre de 1922. Letrado del Consejo de Estado y catedrático de Derecho Administrativo en la Complutense. Ministro de Educación Nacional tras la dimisión de su antecesor, el profesor y catedrático de Química Orgánica, Manuel Lora Tamayo, por desórdenes universitarios que le desbordaban. Villar sería confirmado en la cartera tras la crisis de octubre de 1969 y cesó en junio de 1973 con el ascenso de Carrero Blanco a la Presidencia del Gobierno. Posteriormente se dedicó al ejercicio de su profesión en la cátedra y el Consejo de Estado.

